Cuernavaca, Morelos. Con la finalidad de terminar con abusos en la práctica de préstamo de dinero a condición del cobro de intereses altos, acción conocida como usura, fue presentada una iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforma la redacción del Artículo 196 del Código Penal del Estado de Morelos, propuesta por el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, diputado Julio Espín Navarrete.

El legislador explica que, a causa del desconocimiento de la ley, varias personas son sorprendidas al acudir con prestamistas quienes, abusando de la ignorancia y necesidad, prestan dinero con el 10% o hasta el 15 % de intereses, ignorando que, en el Código Penal del Estado de Morelos, existe un monto máximo para ser cobrado.

Ante esta situación, el diputado Julio Espín, presidente de la Junta Política y de Gobierno, propone que, con esta reforma quede plasmado el porcentaje al que puede tasarse el rédito de lo convenido en el préstamo, mediante la actualización de la normativa, toda vez que incluso el máximo Órgano de Justicia de la Nación, ha establecido diversos criterios sobre el tope de intereses moratorios.

Indica que, dentro del artículo 196 del Código Penal del Estado, quede especificado que ninguna persona, aprovechando la necesidad económica de otro, obtenga de éste a través de un convenio formal o informal, ganancias notablemente superiores que excedan a un treinta y siete por ciento anual y estas le causen un perjuicio económico.

Además, en esta misma modificación, se establece que quien realice esta práctica se hará acreedor a una sanción que va de seis meses a tres años de prisión y días multa equivalentes a los intereses devengados en exceso, al tiempo de resarcir el daño mediante la devolución de la suma correspondiente a esos mismos intereses excedentes, más los perjuicios ocasionados.

En este documento Espín Navarrete recordó que la usura no es considerada como una práctica ilegal, pero en nuestro país han sido reformados numerosos ordenamientos de los Estados y la legislación federal fue transformada a fondo para darle certeza jurídica a quienes acuden con un prestamista, así como evitar que abusen de la necesidad económica.

Esta iniciativa fue presentada ante el Pleno y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación para su análisis y dictamen.

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